Economista boliviano graduado en la Universidad Católica Boliviana, con grado de maestría otorgado por Georgetown University (USA) y PhD(c) en la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Consultor internacional en Afganistán, Arabia Saudita, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Pakistán, República Dominicana, Sudán del Sur, Tayikistán y Uzbekistán. Entre otros, ministro de Hidrocarburos en Bolivia el año 2005, coordinador de Hidrocarburos en OLADE con sede en Quito, Ecuador y director de la carrera de economía de la Universidad Católica Boliviana. Profesor de la FLACSO (Argentina y Perú) y Universidad de las Américas (Ecuador); Universidad Católica (Perú), Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Católica Boliviana, Universidad Privada Boliviana, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Mayor de San Andrés y otras.
Actualmente está en discusión, al interior de la Asamblea boliviana, un documento que tiene el siguiente, largo… muy largo título: “Contrato de Asociación Accidental para el Desarrollo de una Planta de Extracción Directa de Litio – EDL y Carbonatación de Litio en el Salar de Uyuni del Departamento de Potosí Bolivia, suscrito el 11 de septiembre de 2024, entre la Empresa Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos – YLB y la Empresa Uranium One Group Join Stock Company Sucursal Bolivia”. Uf, eso.
El año pasado (y parte de este) Oxfam Bolivia tuvo la gentileza de organizar un estudio sobre el impacto de la explotación de litio en Bolivia, el documento final se lo puede descargar en este link. Esa, digamos, es la razón por la que comencé a familiarizarme con los detalles económico-financieros resultantes de la explotación de carbonato de litio en el salar de Uyuni.
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